Históricamente, la justicia ambiental ha sido considerada un derecho de segunda generación, derivado de la evolución del concepto de derechos humanos y su intersección con el desarrollo sostenible. En este contexto, se reconoce que el acceso a la justicia ambiental no solo implica la capacidad de los ciudadanos para presentar demandas o litigios, sino también el acceso efectivo a la información y la participación en la toma de decisiones.

Este derecho, que constituye un pilar fundamental en la gobernanza ambiental, la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho, ha sido ampliamente reconocido en diversos instrumentos internacionales y ha evolucionado en las legislaciones nacionales de América Latina y el Caribe.